El Consejo de Ministros estudia un Real Decreto Ley de mecanismo de integración europea y reducción de la carga presupuestaria, y de otras medidas de orden social. La norma persigue facilitar la integración en los países de la Unión Europea de personas procedentes de zonas en desarrollo y economías emergentes favoreciendo con ello el desendeudamiento de la economía española, al tiempo que se amplía la protección a aquellos colectivos más vulnerables por la crisis.
Así el Real Decreto proyectado establece una serie de criterios de una segunda oportunidad en el ámbito asistencial de los Estados europeos con mayor nivel de renta y mejores cotas de desarrollo como por ejemplo y por razones de proximidad Francia o Reino Unido. Tales criterios se asientan en principios democráticos universalmente aceptados y en el reconocimiento de que el español es un Estado con formas de gobierno peor situadas en el reconocimiento y en la aplicacion de los principos mencionados.
La norma jurídica contempla el pago de desplazamientos de las personas incluídas en su ámbito de aplicación a dichos Estados con soluciones democráticas más avanzadas que el español y que por ello mismo están en mejores condiciones de atender a magrebíes, subsaharianos, sudamericanos, rumanos e incluso españoles siempre que en este caso se trate de mujeres víctimas denunciantes de violencia de género, minusválidas y madres.
La norma prevista amplía y flexibiliza está llamada que duda cabe a mejorar la calidad de vida y las expectativas profesionales de estos amplios colectivos. ¿No son la hostia en otros países? Pues que hagan ellos el cabrón - añadió off the record la portacoz del Gobierno -.